La Paz, 12 de junio de 2026. – En un giro estratégico de gran impacto para los contribuyentes, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) aprobó la Resolución Normativa de Directorio (RND) 102600000020, que determina una reducción de los costos para acogerse a planes de facilidades de pago.

Esta medida elimina por completo las escalas que restringían el acceso al financiamiento de adeudos tributarios y unifica los requisitos económicos en una tasa plana mínima de solo el 5% para el pago inicial y el mismo porcentaje para la constitución de garantías.

Antes se cancelaba más

Previo a este cambio masivo, una empresa o ciudadano que arrastraba una deuda fiscal importante se enfrentaba a una barrera de entrada casi imposible de franquear. Impuestos le exigía depositar de golpe hasta un 15% del adeudo total como cuota inicial y un 20% máximo adicional en calidad de garantía en efectivo o valores.

En términos prácticos, regularizar una deuda requería desembolsar hasta un 35% del capital total de la deuda en menos de cinco días, un requisito que asfixiaba la liquidez de las actividades económicas.

Flexibilización ante la coyuntura

A partir de la entrada en vigencia de la nueva resolución, las reglas del juego cambian de forma radical en favor del contribuyente. El SIN ha unificado los criterios bajo un esquema equitativo y simplificado.

Ya no importa si la deuda es de Bs10.000 o supera el millón de bolivianos; el pago inicial obligatorio queda congelado en un mínimo del 5% para todos los casos. Además, las garantías exigidas por ley —ya sean en efectivo o mediante valores fiscales— se reducen drásticamente a un 5%, borrando los antiguos cobros que llegaban al 10%, 15% y 20%.

Según la máxima autoridad del SIN, la medida responde directamente a una política orientada a paliar la crisis económica que impacta a los sectores productivos y comerciales del país. La administración tributaria prefiere actuar como un socio de la continuidad empresarial en lugar de un freno recaudatorio.

Con esta decisión, Impuestos Nacionales reafirma su compromiso de caminar hacia el cumplimiento voluntario, demostrando que la eficiencia de un Estado moderno no se mide por la rigidez de sus sanciones, sino por la viabilidad y justicia de sus soluciones fiscales.