La Paz, 11 de septiembre de 2026.– El retorno a la actividad comercial sin deudas tributarias acumuladas, ni cuentas bancarias congeladas y una drástica reducción de las Facilidades de Pago, marcan la diferencia en el día a día de cientos de emprendedores y contribuyentes en el país.

Una nueva serie de testimonios de beneficiarios de la Ley de Alivio Tributario de los departamentos de Beni, Oruro y Tarija destacan y relatan el impacto real que esta medida ha tenido en la continuidad de sus unidades productivas y en la economía de sus familias.

Beni: reactivación de cuentas
En la región beniana, la liquidez financiera representaba uno de los mayores desafíos para el sector de la construcción. Eduardo Ibáñez, responsable del área impositiva de una empresa constructora en Trinidad, relató cómo los planes de pago acumulados complicaban la operatividad diaria de la firma.

«Nos acogimos a la regularización porque los planes de pago estaban bastante elevados. Tras acogernos a la ley, la carga impositiva mensual nos bajó en aproximadamente un 80%. En el contexto actual, donde afrontamos problemas de liquidez, esto significó un respiro gigante para seguir operando con tranquilidad», afirmó Ibáñez.

Por su parte, la bioquímica farmacéutica Ahir del Carmen Heredia experimentó de forma directa el beneficio de la condonación de sanciones e intereses tras sufrir la retención de sus fondos por cobros coactivos.

«No me enteré de la deuda a tiempo y el congelamiento de cuentas sin previo aviso fue algo catastrófico para mi negocio, más aún hoy en día cuando dependemos de pagos por QR y transferencias. La condonación me permitió liberar mis cuentas bancarias y quedar libre de sanciones. Me siento feliz y agradecida de que las autoridades hayan pensado en los pequeños y medianos profesionales», expresó.

Oruro: El fin del estrés
Para los contribuyentes orureños, la incertidumbre frente al vencimiento de notificaciones y la acumulación de multas por presentaciones a destiempo solía derivar en un constante desgaste emocional y operativo.

Samuel Rodríguez Chipana y Ana Laura Ancalle coincidieron en que la emisión del Auto de Conclusión por Condonación devolvió la paz mental a sus entornos laborales y familiares.
«Tener una deuda acumulada producía un estrés permanente. Al recibir la condonación sentimos un descanso real; se terminó la preocupación. Ahora la meta es seguir creciendo como empresa y mantener una gestión tributaria rigurosa», acotó Rodríguez.

Para Ancalle, la medida normativa significó la posibilidad de dar continuidad a su negocio sin la amenaza constante de ejecuciones fiscales: «Fue la sensación de que por fin podíamos seguir adelante. La ley nos trajo paz y nos permite vivir y trabajar más tranquilos», subrayó.

Tarija: Compra de maquinaria
El impacto de la norma en el departamento de Tarija evidencia cómo la eliminación de multas e intereses permite inyectar recursos directamente en el crecimiento del negocio.
Italo Huerte, propietario de una empresa de servicios de limpieza en Tarija, explicó que el alivio impositivo le permitió saldar capital y planificar nuevas inversiones:
«El saber que las cuotas se retrasaban con intereses resultaba agobiante. Ahora, al pagar prácticamente solo el capital, dispongo de efectivo sobrante para adquirir maquinaria que antes veía imposible comprar, haciendo crecer la empresa y apoyando a mi familia».

El caso de Ricardo Castro, ex proveedor de materiales que enfrentó una deuda impositiva arrastrada desde 2010 por inconsistencias de terceros —la cual escaló de Bs 40.000 a Bs 178.000 debido a los mantenimientos de valor e intereses—, grafica el alcance de la regularización.

«No podía trabajar con NIT ni realizar transacciones; era como sufrir una muerte civil. Con la Ley de Alivio se descongelaron mis cuentas y los bancos me han reabierto las líneas de crédito. Prácticamente he vuelto a nacer para el libre comercio», concluyó Castro.

A través de Impuestos Nacionales, el Gobierno nacional reafirma su compromiso de facilitar la regularización tributaria, protegiendo las fuentes de empleo, garantizando la certeza jurídica y promoviendo la sostenibilidad del tejido empresarial boliviano.